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-El STJ recuerda a la población en general y a los medios masivos de comunicación, en particular, que ante la ley, todos somos responsables de la protección de los menores: la familia, la comunidad y el estado.-

        A todos nos compete velar por los derechos de quien no está en condiciones de proteger adecuadamente su persona ni su patrimonio. De modo que ignorar o violentar la ley proporcionando la identidad de un menor o dar detalles del hecho en el que se ha visto involucrado, es un delito.

        La ley nacional Nº 23.849 ratificatoria de la Declaración de los Derechos del Niño emitida por la Asamblea de la ONU en 1989 y la Ley provincial Nº 9324 que reglamenta el procedimiento judicial en caso de menores, prohiben la difusión de la identidad de una persona menor de edad, o el proporcionamiento de datos vinculados a un hecho que la involucra y que puede producirle daño físico, psíquico, moral y/o social. En consecuencia, las actuaciones vinculadas con menores que se labran en los juzgados, son secretas. Y por lo tanto, debe evitarse toda publicidad del hecho, quedando prohibida la difusión por cualquier medio, de la identidad y la participación de un menor en un suceso en el que la Justicia ha debido intervenir. Ya sea porque haya cometido un delito, o porque se encuentre en situación de riesgo, abandono, maltrato, etc.. Todo ello, se encuentra ratificado además, recientemente, a nivel nacional, por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral al Menor, y avalado por fallos de la CSJN, en casos como los de Diego Maradona, Andrea del Boca y Servini de Cubría/Tato Bores.-

        El derecho a la información, como todos los restantes derechos reconocidos por la Constitución Nacional, no son absolutos y se ejercen "conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio". Y ante la eventualidad de encontrarnos ante casos en los que los derechos de los niños colisionen con otros derechos reconocidos por la Constitución, se privilegia los de aquéllos, por considerárselos derechos superiores.-

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DEL FUERO DE FAMILIA Y MENORES REALIZADAS EN GUALEGUAY

        La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, dio a conocer a la Oficina de Prensa del STJ y a través de su página web, las conclusiones a las que unánimemente arribaron los asistentes a las Jornadas del Fuero de Familia y Menores, que ésta organizara y que fueran declaradas "de interés judicial" por el Alto Cuerpo.-

        Los concurrentes, magistrados y funcionarios judiciales de nuestra provincia, reunidos en Gualeguay entre el 29 y el 30 de junio pasados, analizaron el difícil cuadro de situación imperante en todas las jurisdicciones entrerrianas, en lo que respecta a violencia familiar, y observaron que desde el Poder Judicial es necesario articular de manera urgente acciones positivas que permitan trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo y Municipios, "para que se garantice en forma efectiva la continuidad de los tratamientos psicológicos a la totalidad de los miembros de los grupos familiares, que han sido derivados a terapia … y carecen de recursos económicos y/o coberturas sociales para acceder en forma privada".-

        Unánimemente los responsables de los órganos judiciales de familia y menores resolvieron propiciar la capacitación permanente del personal policial que recibe denuncias, solicitar la activa colaboración de los Delegados Judiciales y proponer ante los órganos administrativos de aplicación de la Ley 9198, la habilitación de casas de refugio.-

        Propician asimismo, la pronta creación de juzgados de familia y menores en todas las jurisdicciones de la provincia de Entre Ríos, dado que, según señalaron: "El actual diseño podría eventualmente afectar el derecho a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos". Solicitan también la creación de organismos jurisdiccionales que revisen las decisiones tomadas por los órganos inferiores. Y como estiman que debe además trabajarse en forma sistemática y ordenada en la elaboración de un proyecto de ley provincial de familia, niños y adolescentes, impulsan la formación de una Comisión redactora del mismo, conformada por integrantes de la Asociación de Magistrados, el Instituto Alberdi, la Sala de Procedimientos Constitucional y Penal del STJ, el Procurador Gral. de la Provincia, el Defensor Gral. del STJ y el Colegio de Abogados, así como por legisladores.-

        Finalmente, los magistrados y funcionarios judiciales del fuero de Familia y Menores, de la provincia de Entre Ríos, en las Jornadas de Gualeguay del mes pasado, resaltaron también de común acuerdo, la "acuciante necesidad de reglamentar en el menor tiempo posible la Ley provincial de Registro de Adoptantes" y expresaron su marcada preocupación por la "absoluta incompatibilidad entre las normas de Procedimiento aplicables a los niños infractores de la ley penal previstas en la Ley 9324 y el nuevo Código de Procedimientos que instala el sistema acusatorio en la provincia, sin reglar lo vinculado a los niños infractores".-

Redacción sintética para Radio y T.V.:

        PARANA, 26 de julio de 2007.-

Prof. Inés Ghiggi                                     

Encargada de Prensa STJ