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        Es frecuente leer y escuchar en los más variados ámbitos que es habitual que los fines de semana las más diversas motos, ciclomotores, motocicletas, vehículos en general que circulan por la ciudad y las rutas lo hagan a exceso de velocidad, haciendo maniobras suicidas, corran picadas, y que nadie hace nada.

       Me pregunto qué nos pasa como sociedad/Estado, que no tomamos medidas serias para prevenir y combatir esta nueva forma de destruirse que parece haber encontrado alguna parte de nuestra juventud, donde el alcoholismo ha ganado terreno particular en la adolescencia y la juventud.

      Como padres sabemos perfectamente el daño que está produciendo el alcohol en nuestros jóvenes. Sabemos lo pernicioso de la “previa”, tanto que muchos llegan al boliche absolutamente alcoholizados. Parece que no pueden divertirse si no están casi “dados vuelta”, como es común escucharlos describiendo la situación.

          A este punto me pregunto, a pesar del enojo que experimentarán muchos jóvenes: ¿por qué prestamos los autos a chicos que sabemos que van a tomar cuando salen? ¿Por qué no hay controles de alcoholemia a la salida de cada local bailable, en las avenidas, calles y rutas? ¿Por qué no se retiene el vehículo y se le imponen graves multas a aquellos que conducen un rodado con un grado de alcohol que supera el establecido? ¿Por qué no sancionamos, como lo hacen países de Europa, con pérdida del carnet de conducir por varios años a los que conduciendo ebrios han provocado un riesgo en el tránsito? Si alguna de estas medidas u otras se tomasen se evitarían muchísimas tragedias, disgustos, amarguras, llantos por hechos evitables, y no estaríamos hoy solicitando que muchos jóvenes imputados pasen su vida útil dentro de la cárcel. Como sociedad no debemos perder de vista que lo importante es la prevención, la educación preventiva.

         Por lo demás, no creo que la sanción penal, sea cual fuere, pueda devolver a los padres los hijos que han perdido, las graves lesiones padecidas, ni tampoco que les pueda llevar paz. El Derecho Penal no tiene por fin recomponer las cosas a su estado anterior, sólo procura mediante una sanción penal (de privación de la libertad en la mayoría de los casos), restablecer el orden quebrantado. En general las decisiones que se toman en este tipo de causas -“accidentes”- muy probablemente no conformen a ninguna de las partes, sencillamente porque el daño ya está hecho y no tiene solución. Entonces: padres, funcionarios, empresarios, comerciantes, jóvenes, ¿no será tiempo de tomar el toro por las astas?

       Hasta ahora tan sólo nos limitamos a lamentarnos por la muerte o grave lesión de tal o cual joven motociclista, casi en una “cómplice actitud” de resignación a la inevitable ocurrencia. ¿Por qué no intentar poner ya en práctica todo el arsenal de recursos con que una sociedad civilizada cuenta para alcanzar resultados concretos en términos de reducción de los mal llamados “accidentes” de motocicletas, ciclomotores, vehículos en general, intentando en suma reducir aquellos intentos evidentes de autodestrucción que bajo la fachada de valientes actitudes temerarias colocan al borde de la muerte a los propios conductores, acompañantes y eventuales transeúntes, caminantes, que casi en un riesgo similar a un campo minado se exponen al intentar cruzar alguna calle o avenida de nuestra ciudad? ¿Qué nos impide al menos intentarlo, qué urgencias pueden posponer un esfuerzo para salvar tantas jóvenes vidas, por ejemplo exigiendo a las autoridades municipales que definitivamente pongan en práctica mecanismos o programas permanentes y sistemáticos de educación vial acompañados de un genuino control del cumplimiento de las normas de circulación por parte de dichos vehículos?

       Se trata de recuperar un espacio de civilidad, de racionalidad, donde las calles sean un lugar de desplazamiento para llegar de un lado a otro y no tierra de nadie -mal que nos pese, es en lo que se han transformado- y no quedarnos en una suerte de acostumbramiento de la “normalidad” de esta situación. Es tiempo de realizar acciones concretas que recuperen seguridad ciudadana, por cierto de difícil pero no imposible solución.

           Hay ciudades y países que lo han logrado, sistematizando la instrumentación de controles que eduquen en lo que se puede y lo que no se puede hacer por ser contrario a las normas. Como ciudadanos tenemos la obligación de intentar reducir significativamente el riesgo de transitar en nuestras calles, sea educando con pantallas gigantes -suelen utilizarse en diversas campañas- en las propias calles donde concurren habitualmente los jóvenes a despuntar el vicio de juguetear con la muerte, en las que se reflejen las consecuencias inmediatas y mediatas de las mal llamadas piruetas, verdaderas maniobras suicidas. Por señalar alguna muy concreta: la ex avenida Rivadavia, hoy Alameda de la Federación y sus alrededores. A este punto refiero sin eufemismo alguno: más allá de que por cierto más de un padre no lo vea o no lo quiera ver, es así, no todos pero no pocos, se manejan sin interés alguno por la propia vida y por cierto tampoco la de terceros. ¿Es posible que esto debamos entenderlo como normal? ¿Que debamos admitir y tolerar que a significativas velocidades se larguen a su suerte, sin respetar semáforo alguno ni líneas de circulación, tirando sus motos contra los que en regla circulan por la contraria, sin respeto de las normas, como tampoco de la autoridad que eventualmente se halle presente?

       Debemos exigir que los inspectores sean respetados en su accionar, el que debería ser preventivo, disuasivo, educativo y finalmente represivo en términos de aplicar las sanciones que correspondan ante las flagrantes violaciones en la velocidad, semáforos, uso de casco -no uso-, ruidos molestos –de un nivel de agresión lindante en algunos casos con el infarto para una persona mayor-, luces, guiños, documentación, etc, etc, exigir el cumplimiento de las normas, no más que eso pero nunca menos.

         Entiendo que como ciudadanos tenemos el derecho-obligación de exigir que ese espacio de ciudadanía, una calle para desplazarse, sea eso y no una pista de carreras, no un lugar de exposición a riesgos y daños totalmente evitables y lo que es más grave aún evitar las consecuencias que de ello se derivan: intervenciones quirúrgicas, tratamientos de recuperación, en muchos casos a lo largo de toda una vida con secuelas de discapacidades permanentes, sino la pérdida de la vida misma. Vida rifada al alea de una mala maniobra, a un alarde de pseudovalentía, o lo que es peor una clara y triste demostración de que nada les importa, ni tan siquiera por cierto las gigantescas sumas de dinero que en términos de recursos materiales y desgastes humanos –médicos enfermero/as, etc.- deben erogarse, dilapidándose en lugar invertirse adecuadamente en quienes seriamente requieren mejorar la calidad de su salud. Y finalmente, si de una mal entendida esfera de libertad se trata o se invoque, como sociedad debemos mostrarnos firmes en exigir que los inmensos costos de dichas intervenciones médicas -evitables plenamente- no sigan cayendo sobre las espaldas de toda la sociedad/Estado, sino en todo caso de quienes generan las condiciones para ello: los propios conductores, que creen equivocadamente contar con una suerte de patente de corso -de todo vale- sin someterse a norma alguna, y sus propios padres.

         Sí, es hora de tomar el toro por las astas ante tanta irracionalidad y despilfarro de vidas humanas y recursos económicos, en aras de alcanzar una ciudad / provincia donde se pueda alardear con la más baja tasa de accidentes de tránsito. En suma, por el respeto ciudadano, por la vida misma.