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Buen Día. En nombre del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y en el mío propio quiero ante todo agradecer vuestra presencia a este acto de  APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2012.

Agradezco muy especialmente a los colegas  de la Cortes  de la Provincia de Santa Fe que siempre nos acompañan y al Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia y Ciudad Autónoma de Bs. As., que también la integra. Agradezco de igual modo, particularmente, a las autoridades políticas, eclesiásticas, judiciales, civiles, militares, de las fuerzas de seguridad; asimismo, agradezco a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que se encuentran presentes. 

           

Dije con motivo de la iniciación del año judicial 2011, que en estos tiempos, “el Poder Judicial afronta expectativas y demandas de la comunidad que han ido mutando los reclamos e incluso excediendo su competencia propia, sometiéndose a los magistrados a una cantidad, calidad y complejidad  de controversias que les impone una altísima exigencia en el desempeño  de su función. Dar respuesta a todas estas cuestiones en el contexto de un mundo de creciente complejidad y globalización y de una aceleración temporal cada vez más intensa, representa un desafío que no solo debemos atender sino que debemos afrontar con total independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, calidad y en tiempo oportuno”.

Esta enunciación, que se encuentra vigente, se verifica además en un contexto institucional particular, que coloca al Poder Judicial en un lugar especial y destacado del Estado de Derecho.

La circunstancia institucional a la que me refiero comenzó con posterioridad a la segunda Gran Guerra, cuando las Constituciones de los distintos países hicieron foco en la dignidad del hombre y en los derechos humanos fundamentales, dando inicio a un proceso de interpretación dinámica de sus textos -que abreva en las convicciones, creencias y valores socioculturales de la sociedad en un tiempo histórico determinado- y sobre todo de operatividad directa de los derechos y  garantías que prevén cuando están involucrados derechos fundamentales, con independencia de su reglamentación -a diferencia del tradicional constitucionalismo europeo- a lo que prosiguió la internacionalización de tales derechos a través de tratados y pactos y con la creación de Tribunales y Cortes internacionales, todo lo cual impactó en el derecho interno y en lo que al Poder Judicial respecta en la forma de control no ya solo de constitucionalidad sino de convencionalidad. Entonces, el rol de los jueces pasó a adueñarse de la escena en el Estado de Derecho, ya que a ellos les fue conferida la función de resolver conflictos mediante la imparcial aplicación del derecho al caso concreto y hacerlo con  tutela efectiva de los derechos y en tiempo oportuno, o sea, asegurar a los ciudadanos el goce efectivo, sin dilaciones de sus derechos fundamentales -de primera, segunda, tercera y cuarta generación: derecho a la vida, a la salud, a la libertad personal, a la libertad de expresión, de conciencia, de reunión, a transitar, a la educación, al trabajo, al medio ambiente, derechos económico sociales, entre muchos otros- garantizando el acceso a la justicia a todos con aplicación de criterios inclusivos, en particular a los más vulnerables en las condiciones previstas en las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad -ya sea en razón del género, edad, condición social- en lo que el Pte. de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, a dado en llamar el acercamiento de la justicia al pueblo, al ciudadano, a la gente. Se contribuye así a consolidar los valores de justicia, equidad y solidaridad, con directa incidencia en la paz social, en especial cuando se trata de la inclusión de los sectores excluidos, que debe abordarse desde todos los poderes del estado, para asegurar  a todos los derechos de libertad y de igualdad, y su consiguiente integración, condición necesaria de una sociedad viable.    

Todas estas cuestiones constituyen un verdadero desafío para el Poder Judicial. Para afrontarlo, en el pasado ejercicio el STJ aprobó un PLAN DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS, que implicaba iniciar, en algunos aspectos y continuar en otros, un proceso transformador en pos de su modernización y adecuación al requerimiento de los tiempos.

La obtención de los objetivos propuestos es responsabilidad del Poder Judicial en todo lo que de él dependa -mediante la concepción y desarrollo de verdaderas políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo a fin de dotarlas de previsibilidad y estabilidad, fundadas en amplios consensos, que requieren también su articulación con los poderes políticos en lo que es materia de su competencia- pero también es responsabilidad de los poderes políticos que deben contribuir a tal empresa en la medida de sus atribuciones y deberes.

            El Plan de Modernización Integral del Poder Judicial pivotea sobre dos herramientas que estimamos capaces de liderar el cambio: La incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación de todos sus integrantes.

            Concientes de los diversos roles conferidos al Poder Judicial en un Estado Republicano y Democrático de Derecho, corresponde dejar sentado que hoy no abordaremos la muy importante actividad jurisdiccional de desarrollan sus magistrados y funcionarios. Hoy conforme al objeto de este acto, vamos a hablar del rol de gobierno del Poder Judicial y en tal cometido, a dar cuenta públicamente de las políticas de Estado, Programas, Planes y Proyectos ejecutados por el STJ durante el 2011, actualmente en ejecución o ejecutarse durante 2012.

            En tal cometido y en preservación y fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, en el pasado año se obtuvo la concreción con jerarquía legislativa de una política salarial resultado de una política participativa y de consenso entre todos sus sectores.

            Esto no debe ser minimizado reduciéndola al mero aspecto salarial. Su importancia radica en que esta política de ingresos establece sus niveles conforme a parámetros externos e independientes de los otros Poderes del Estado Provincial, profundizando el grado de independencia del Poder Judicial, lo que incide directamente en la calidad institucional.

            En la misma línea de profundización de la independencia del Poder Judicial, durante el presente año se iniciarán estudios y planificaciones para una propuesta  de Autarquía viable pero satisfactoria, razonable pero eficaz y plena.

            Por otra parte, y ajustándonos al sistema actualmente vigente, debemos hacer referencia aquí a la política trazada en materia de recursos presupuestarios: 

   -En el aspecto PRESUPUESTARIO, ponderando el exiguo presupuesto con el que el Poder Judicial contaba para el ejercicio 2010 -2.18% sobre el total del presupuesto provincial que alcanzaba a un 3,88% si lo consideramos neto de recursos con afectación específica- se ha trabajado en pos de su progresivo incremento para la obtención de un presupuesto que prevea los recursos necesarios y suficientes para la concreción y desarrollo de las políticas judiciales propuestas y que permita la plena implementación de programas y proyectos tendientes a la modernización que el Poder Judicial de la Provincia requiere para el cumplimiento de sus fines y la adecuada prestación del servicio de justicia en las condiciones que les son exigibles por el ordenamiento jurídico interno e internacional.

Por undécimo año consecutivo, se llevaron a cabo nuevas ediciones del “Curso Anual de Capacitación en Magistratura Judicial”, y del “Curso de Capacitación para Empleados Judiciales”. Se dictaron cursos y seminarios específicos, tales como: “Seminario Regional de Justicia y Seguros”; “Talleres de Trabajo sobre la Perspectiva de Género en la Justicia”- Protocolo A (Magistrados) y Protocolo B (Funcionarios). De igual manera se implementaron acciones de apoyo en “Gestión Judicial” frente a necesidades de capacitación específica en aquellos organismos jurisdiccionales que lo requerían. Asimismo, cabe destacar que el Instituto, a través de sus representantes, participó de distintas instancias de alcance nacional vinculadas a la formación y el Poder Judicial, con el objeto de intercambiar experiencias y optimizar su gestión educativa.

Para el año 2012, mediante Acuerdo General N° 4/2012 del STJ, de fecha 08.03.2012,  se introdujeron reformas al Estatuto del Instituto, con la finalidad de fortalecerlo, dotarlo de una estructura eficiente y participativa, ampliar su oferta académica en cuanto a contenidos y formatos así como el universo de sus capacitandos, habiéndose previsto por primera vez la apertura a la capacitación de abogados de la matrícula.

 Los planes educativos de este año que, previa intervención del Consejo Consultivo deberá aprobar el STJ, proponen incluir una amplia y variada oferta académica a través de seminarios, cursos y talleres en materias de actualidad, novedosas o vinculadas a la gestión judicial y a implementaciones normativas, que oportunamente se darán a conocer, previéndose acciones de formación específica, que incluyan a los miembros de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa; a funcionarios, magistrados y empleados judiciales, para cubrir todos las áreas de la justicia provincial, así como cursos abiertos tales como los destinados a la capacitación de quienes aspiren a ingresar al Poder Judicial entrerriano en carácter de magistrados o funcionarios, entre otros. 

Se continuará con la capacitación destinada a empleados judiciales en las jurisdicciones de Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Victoria, Rosario del Tala, La Paz y Feliciano; se proseguirá con los cursos y talleres de capacitación vinculados a la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se brindará asesoramiento y colaboración técnica en los “Talleres de Información y Sensibilización” desarrollados por el Registro Único de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos, y colaboración en los “Talleres para una Justicia con Perspectiva de Género y Trata de Personas”, impulsados por la CSJN en todo el país, los que comenzaron a desarrollarse en abril de 2011 en esta ciudad, y posteriormente en las demás jurisdicciones de la provincia, actividad que proseguirá con igual modalidad en 2012.

            Una mención especial dentro de los programas de nuestro Instituto capacitador merece el proyecto de “Aula Virtual”, de inminente implementación,  por su significación como estrategia formativa de amplio alcance, facilitadora de la igualdad de oportunidades entre los agentes judiciales y demás destinatarios de toda la Provincia.

 Para llevar adelante ese proyecto, así como toda la agenda educativa, se ha asignado un nuevo espacio e instalaciones para el Instituto acorde a sus necesidades e importancia, que han sido incluidas en la proyección del video institucional previamente proyectado, en procura de mejorar sus recursos y las herramientas disponibles.

-En cuanto a los RECURSOS NORMATIVOS refiere, y mediante la atribución de iniciativa legislativa que le confiere al Poder Judicial el art. 123 de la Constitución Provincial, hemos remitido diversos anteproyectos de ley cuyo denominador común es la construcción de una realidad institucional  adecuada al mejor cumplimiento de nuestra misión y  alineada con las demandas sociales.

Las leyes sancionadas en el transcurso del año 2011 en las que participó el Poder Judicial, ya sea mediante el ejercicio de sus facultades de iniciativa o de consulta mediante emisión de opiniones, fueron: la Ley Nº 10.051 de Creación de las Cámaras del fuero Contencioso Administrativo; Ley Nº 10.049 de Creación de la Cámara de Casación Penal, Ley 8948 de Aranceles para los Juzgado de Paz; Ley Nº 10.056 que asignó al Poder Judicial de la recaudación, administración e inversión de la Tasa de Justicia y Ley de Incorporación de Cargos al Presupuesto 2011, entre otras.

-En materia de IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, dando continuidad al cambio de modelo de enjuiciamiento penal en el territorio provincial, mediante Acuerdo General 15/11 del STJ, del 15 de mayo de 2011, se aprobó la segunda fase del Plan de Implementación Progresiva del Nuevo Código Procesal Penal de  Entre Ríos, que puso en vigencia a partir del 1° de Julio de 2011 al nuevo ordenamiento ritual en la jurisdicción Uruguay, comprensiva de los departamentos judiciales Uruguay, Villaguay, Rosario del Tala y Colón, lo que se cumplió en su totalidad según lo previsto. 

Esta compleja tarea fue producto de la valiosa colaboración que brindaron y agradecemos muy especialmente a los colegas de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Tribunal, Dres. Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak; al Sr. Procurador General, Dr. Jorge García y al Sr. Defensor General del Poder Judicial, Dr. Maximiliano Benítez, proponiendo la pertinente adecuación de estructuras de cargos y funciones ajustándolos a las nuevas exigencias del sistema acusatorio, de conformidad con lo prescripto por el art. 64 de la Carta Magna Provincial, como así también prestando apoyo en la tarea capacitadora, habiéndose llevado a cabo en tales jurisdicciones diversos Talleres de Capacitación de carácter intensivo, con la eficiente coordinación general del Dr. Rubén Chaia –Secretario de la Sala I del  STJ– destinado a  Jueces, Fiscales y Defensores los que fueron complementados con cursos teóricos y prácticos destinados a empleados y funcionarios judiciales.

Como resultado de ello se logró una eficaz implementación que hoy se pone de manifiesto en una drástica reducción de plazos en la tramitación de los procesos, un temprano abordaje del conflicto y una variada gama de alternativas a las sentencias que tiene como eje a la mediación penal.

En el presente año, se ha comenzado a trabajar en las fases III y IV de implementación progresiva  lo que comprende la jurisdicción de la Cámara Penal de Gualeguay y su homónima de Paraná, encontrándose el Superior Tribunal y las áreas involucradas en plena labor de relevamiento y proyección de tareas en pos de una adecuada puesta en marcha de estas nuevas etapas.

           

            -En cuanto a la actuación de la OFICINA PROVINCIAL DE SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA cabe señalar que continuó durante el 2011 desarrollando su perfil institucional, creando distintos proyectos de participación con las doscientas noventa organizaciones públicas y ONG de toda la Provincia, que están dispuestas a recibir o están recibiendo a nuestros probados a fin de posibilitar o facilitar el efectivo cumplimiento de las normas de conducta impuestas por los magistrados, a fin de ofrecer dispositivos  generadores de compromiso social.

Para el presente año se propone acrecentar estos vínculos y promover nuevos espacios comunitarios.

Como claro ejemplo del compromiso asumido, este año se ha dado comienzo a una acción vinculada a delitos cometidos con motivo del tránsito vehicular, tendiente a sensibilizar a la sociedad acerca de esta grave problemática. Concretamente la acción prevé la elaboración de Slogans por parte de los imputados, con el objeto de generar conciencia sobre este flagelo y la necesidad de prevención. Estos Slogans serán analizados y aquel que refleje mejor esta realidad será presentado para diferentes publicidades a fin de formar parte de Campañas de Prevención.

ü       en el 2009, ingresaron a los juzgados solo el 16% de las controversias mediables

ü       en el 2010, el 17%

ü       y en este último año 2011, ingresaron a juicio el 13% de las solicitudes.

Lo que indica en todos los casos que más del 80% de las partes no recurrieron a la instancia judicial. Estas estadísticas mencionadas a título ilustrativo están publicadas en forma completa por jurisdicción y diferenciadas según las distintas variables de información en la página Web del Poder Judicial.

Por otra parte, a fin de dotar al organismo central de la infraestructura edilicia y herramientas necesarias y adecuadas para el mejor cumplimiento de su misión, en agosto de 2011 se re localizó el Centro en el ámbito del edificio principal de Tribunales de esta Capital. La nueva locación –que pudo ser apreciada en el video institucional proyectado- posee amplias oficinas y cuenta con nuevos equipamientos informáticos, nuevo mobiliario y un especio destinado al archivo de actuaciones, lo que consecuentemente brinda mayor comodidad a los 400 profesionales registrados que concurren a diario y a los usuarios generales del sistema.

En lo puntal, es oportuno destacar que dicha medida se enmarca en una tendencia creciente que pone a la “Cuestión de Género” y a la “Violencia Domestica” en un lugar preponderante de las políticas públicas y del accionar de los distintos Poderes del Estado. En este sentido, la mirada  de ambas temáticas impone la modernización de los aparatos judiciales a fin de adecuarlos a las necesidades presentes y la capacitación de sus integrantes para la efectiva aplicación de la normativa legal, constitucional y convencional vigente.

            En relación a la violencia de género, es dable señalar que, a partir de la adhesión de la provincia -mediante la Ley 10.058- a la ley nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales”, se amplió la materia que habilita la recepción de denuncias incluyendo ahora a las realizadas por mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas no convivientes.

-         PROYECTOS ESPECIALES

En materia de Proyectos Especiales, durante el año 2011, el STJ ha proseguido, desarrollando los programas: “La justicia va a los barrios”; la “Oficina Judicial Rural Móvil”, cuya implementación está a cargo de la Sala II Civil y Comercial del STJ, cuya valiosa colaboración muy especialmente agradecemos a los colegas que la integran, los Dres. Castrillón y Smaldone. Ambos programas continuarán su ejecución durante el corriente año atendiendo a sus valiosos resultados.

Asimismo, para el año 2012 se retomó el programa “Acuerdos del STJ y Contactos Comunitarios en todas las jurisdicciones de la Provincia”, que contempla la celebración de Acuerdos Generales del STJ los últimos martes de cada mes en distintas jurisdicciones provinciales, posibilitando la inmediatez con los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cada una de ellas, así como la realización de la autoridades políticas, de la fuerza policial, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del PJ, de AJER, de los Colegios de Abogados o miembros de la comunidad que así lo requieran.

Y hablando de acceso a justicia, no podemos dejar de mencionar la prosecución ininterrumpida por parte del Tribunal del servicio que presta la “Mesa de Información Permanente” en esta Capital desde hace 21 años, a todas las personas que a ella asistan, las 24 horas del día, los 365 días del año.

En sus dependencias funciona entre la 13 y 7 hs. un teléfono 0800, gratuito, de alcance nacional para acceder a la MIP de Paraná, Entre Ríos. 

Durante el año 2011 desarrolló sus funciones teniendo como herramientas su Blog institucional y la Página Web del Poder Judicial.

Actualmente se está realizando un relevamiento comunicacional que permitió elaborar un plan de intervención y extensión del servicio a toda la provincia, que será presentado en los próximos días para su consideración y aprobación ante el Superior Tribunal de Justicia.

Entre los programas a materializar durante el presente año destacamos:

La capacitación de magistrados y funcionarios sobre la temática de la gestión de las comunicaciones externas de la institución, haciendo hincapié en sus funciones informativas y pedagógicas.

La capacitación sobre procedimientos judiciales destinada a periodistas con el fin de profundizar el conocimiento de los mecanismos de los procesos judiciales.

La realización de acciones tendientes al incremento del caudal de comunicación e información desde nuevas plataformas (virtuales), incluyendo también la producción propia de material informativo y ampliando la cobertura de las actividades del Poder Judicial.

-En materia de INFRAESTRUCTURA EDILICIA, y a través del Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicio Judicial, el Superior Tribunal de Justicia ha cumplido durante el 2011 un plan de obras ambicioso, habiendo autorizado y ejecutando una serie de importantes erogaciones e inversiones en orden a proyectar y construir nuevos organismos, refuncionalizar espacios y optimizar recursos edilicios, que involucraron una parte muy significativa de las partidas asignadas presupuestariamente y de otras que, a tal fin –y con carácter especial- fueron gestionadas por el Superior Tribunal de Justicia, en un esfuerzo comprometido con los parámetros constitucionales para garantizar el acceso a Justicia.   

            La gran cantidad de acciones e intervenciones llevadas a cabo en materia edilicia a lo largo del año 2011 –y que han sido evidenciadas durante la proyección del video institucional- dan cuenta de  una política de gestión planificada y sistemática en este sentido.

La presentación del proyecto ejecutivo para el nuevo Edificio de Tribunales de Gualeguaychú, aprobado por el Superior Tribunal de Justicia y presentado al Poder Ejecutivo provincial para la prosecución del trámite administrativo licitatorio, y el inicio de los estudios y elaboración del anteproyecto del  Edificio Tribunales que tendrá asiento en la ciudad de Federación, son claros ejemplos del trabajo del Área específica -de Planeamiento e Infraestructura Edilicia Judicial- que se enmarcan en la premencionada política de gestión de este Tribunal, y que traduce una fuerte apuesta de continuidad, hacia el futuro.

Para el año 2012, se prevé proseguir con la política trazada en la materia, ejecutando los proyectos que se encuentren en estado y emprendiendo nuevos, alguno de ellos de significación como lo es el Proyecto para el Edificio de Paraná.   

Al respecto, es justo resaltar que durante el año 2011, el S.T.J. recibió el juramento de ley y puso en posesión del cargo a quince (15) funcionarios y magistrados designados mediante el proceso constitucionalmente previsto -a propuesta del Poder Ejecutivo y con Acuerdo del Senado- con intervención del Consejo de la Magistratura, encontrándose en trámite numerosos concursos y designaciones, algunos de ellos próximos a concluir. 

En la actualidad, han sido comunicados a dicho Organismo aproximadamente diecinueve (19) cargos vacantes cuyos llamados a concurso se encuentran pendientes y esperamos se concreten a la brevedad.

            -En materia de EQUIPOS TÉCNICOS, y dado el apoyo que éstos brindan al servicio de justicia, el Superior Tribunal ha mejorado sus condiciones en vista a una mayor calidad y rigurosidad en su labor. Así, para el Departamento Médico Forense se designaron 4 nuevos profesionales, distribuidos en las ciudades de Concepción del Uruguay; Paraná, Concordia y Gualeguaychú, que se suman a los allí existentes. Se ha dotado de un nuevo equipo de profesionales -psicólogos y psiquiatras- al área forense de Paraná. Se ha dispuesto la designación de técnicos evisceradores en las distintas jurisdicciones de la provincia en las que, existiendo médico forense, cuentan con morgues e instalaciones adecuadas para realizar autopsias, en procura de una mayor descentralización de su práctica. Además se efectuaron trabajos de mejora en las morgues judiciales que así lo requerían, adquiriéndose nuevo equipamiento para sus instalaciones.

-El Servicio de Genética Forense tuvo una actuación destacada en el 2011, llegando a obtener 1.016 perfiles de ADN de muestras analizadas en diversas causas judiciales. Ese desempeño se refleja en el  óptimo resultado que obtuvo el servicio en los controles externos de calidad: uno realizado por la Sociedad Argentina de Genética Forense, y el otro por el Grupo de Habla Hispana y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense con sede en España. Por otra parte, el área avanzó en el estudio genético-poblacional de la provincia, necesario para la utilidad de rutina de nuevos marcadores de ADN, y de los ya existentes, así como para evaluar su utilidad en nuestra población. Dicho trabajo fue dado a conocer en congresos y publicaciones internacionales.

-En cuanto a la Oficina Pericial refiere, se realizó el traslado a sus nuevas instalaciones, las cuales facilitan los trabajos de investigación pericial debido a su amplio espacio y funcionalidad, quedando conformadas tres áreas especificas: “Documentología Forense”, “Balística Forense “ y “Pericias Audivisuales”. Con destino a esta última se incorporó personal técnico especializado. Durante este año están previstas las gestiones para conformar el Laboratorio de Accidentología Vial y el Laboratorio Químico.

Respecto al Protocolo Interinstitucional de Abuso Sexual Infantil vigente, se continúa con la aplicación y seguimiento del mismo en el ámbito provincial, destacándose los avances realizados especialmente en las Jurisdicciones de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, donde el testimonio de los niños y niñas víctimas de abuso sexual se recibe bajo la modalidad de Cámara Gesell, a través de los equipos profesionales del Ministerio Público de la Defensa, evitando así su revictimización.

-En materia ESTADISTICA, y a través de la oficina respectiva, el Superior Tribunal proporciona información tanto interna como externa, para control de la productividad de los órganos jurisdiccionales; información que se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial. Para cumplir esa tarea, el área ha reafirmado su vocación y compromiso respecto a homologar y adoptar conceptos y herramientas metodológicas comunes a nivel nacional para recolectar e integrar información. Eso permite tener acceso a estadísticas de calidad que resultan útiles como base para estudiar el sistema judicial, formular diagnósticos y trazar políticas judiciales en su consecuencia.

 Finalmente, merece una mención especial la creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAER), el cual comenzó a funcionar íntegramente en el mes de abril del año 2011, en el ámbito y bajo la conducción del Sr. Defensor  General del Poder Judicial de la Provincia, Dr. Maximiliano Francisco Benítez.

En su primer año de vida el RUAER desarrolló una intensa actividad, se elaboró y centralizó una nómina de personas que pretenden adoptar, lo que facilitó y transparentó su inscripción. Se realizaron visitas a Residencias Socio Educativas en todo la Provincia, a fin de tomar conocimiento de la situación particular y jurídica de cada niño/a y/o adolescente. Se  llevaron a cabo distintos “Talleres de Información y Sensibilización” en las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, generando reflexión en los aspirantes para que a partir del conocimiento de la realidad se garantice el derecho de cada niño a una familia.

En el transcurso del año 2011 se dieron en Guarda Preadoptiva la cantidad de 11 niños/as y/o adolescentes y actualmente se encuentran en proceso de vinculación familiar 5 niños/as y/o adolescentes.

Para concluir, queremos expresarles a los miembros de la comunidad judicial que, si bien entendemos se ha hecho un gran esfuerzo en pos de la transformación del PODER JUDICIAL, y que como resultado de ello mucho ha cambiado o mejorado -proceso éste en el que han participado todos sus integrantes, a quienes agradecemos profundamente su inestimable colaboración y apoyo- aún resta mucho por hacer y en esta ardua pero gratificante empresa, los convocamos a continuar acompañándonos con su valioso aporte, renovando una vez mas el compromiso asumido en pos de una JUSTICIA MODERNA, independiente, funcionalmente competente, ágil, solidaria, accesible y éticamente confiable, apta para satisfacer las demandas de la sociedad contemporánea y dar adecuada respuesta a sus necesidades. En tales términos dejamos inaugurado el año judicial 2012.   MUCHAS GRACIAS.  

SIC-STJER, 23 de marzo de 2012