sicjuser

Ya está vigente en Victoria

el Nuevo Código Procesal Penal

El Acto, a partir del cual se dio inicio a las actividades del Nuevo Código Procesal Penal en la jurisdicción de Victoria, fue presidido por la Dra. Leonor Pañeda, Presidenta del STJ, acompañada por la Dra. Claudia M. Mizawak, Vicepresidenta del cuerpo; los Sres. Vocales Dres. Carlos A. Chiara Díaz, Daniel Omar Carubia, Bernardo I. R. Salduna, Emilio E. A. Castrillón, y Juan R. Smaldone; por el Procurador General del Poder Judicial de la Provincia Dr. Jorge Amílcar Luciano García; y por el Defensor General del Poder Judicial de la Provincia Dr. Maximiliano Francisco Benítez.

Asistieron a la ceremonia el Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Rubén Virué, en representación del Sr. Gobernador de la Provincia; el Sr. Vocal Dr. Daniel E. Alonso, en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; el Comisario General Ariel Bardallo, en representación del Jefe de Policía de la Provincia; el Sr. Secretario de Gobierno de Victoria, Dn. Víctor Horacio Sanzberro, en representación del Presidente Municipal; El Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Victoria, Dn. Pablo Rivero; Concejales de la Ciudad de Victoria; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; miembros del Colegio de Abogados de la Sección Victoria; representantes de entidades intermedias; Magistrados,  Funcionarios y Jueces de Paz de la Jurisdicción, Magistrados y Funcionarios Jubilados; familiares de los jurantes; y público en general.

Al inicio de la ceremonia hizo uso de la palabra la Dra. Pañeda, quien señaló que “con la puesta en marcha en la Jurisdicción Victoria se completa la III Etapa de la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio en la Provincia, que incluye Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá y Victoria”.

“El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado mediante la Ley 9754 de 2007, y luego de sucesivas prorrogas se dispuso su implementación progresiva conforme a un cronograma que tuvo inicio a fines de 2009 con la primer jurisdicción, que fue la Jurisdicción Concordia  (Chajarí, Federal, Federación y ahora se ha incorporado San Salvador ), prosiguió luego con la Jurisdicción Uruguay (Concepción del Uruguay, Villaguay, Rosario del Tala y Colón), y que con algunas modificaciones obligadas se viene cumpliendo sin solución de continuidad hasta el presente, siendo nuestro deseo y para ello haremos los máximos esfuerzos, finalizar este año con la Jurisdicción Paraná (Paraná, Diamante, La Paz y Feliciano)”.

Destacó que “este nuevo Código constituye un herramienta normativa que se enmarca en un proceso más amplio de cambio que se viene verificando desde hace algunos años en la región en materia jurídico penal y se erige como la nota distintiva de una clara y firme tendencia continental”.

En ese orden refirió que en las últimas dos décadas la mayoría de los países latinoamericanos han impulsado importantes procesos de cambio en la justicia penal, en particular orientados a reemplazar los sistemas inquisitivos tradicionales por sistemas acusatorios. “Se responde así a la necesidad de optimizar el servicio de justicia, propendiendo a la realización de los principios de la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno, facilitando el acceso a la justicia”.

Recordó que la Reforma a la que ha sido sometido el sistema de persecución y enjuiciamiento en la Provincia de Entre Ríos, significó un giro esencial en el modo de concebir al proceso penal, generando una nueva visión sobre la actividad jurisdiccional que gestiona y dirime los conflictos más graves que afectan a la sociedad; asignando nuevos roles a los sujetos procesales y ampliando positivamente la gama de garantías constitucionales, entre otros aspectos.

En relación a los actores del sistema “el énfasis inicial se centró en el traspaso de las tareas de investigación y acusación, al Ministerio Público Fiscal, lo que no es un mero cambio de roles, sino que implica la necesidad de separar la tarea de acusación, de la de decisión; como también de la investigación y el juicio, eliminando del proceso penal los resabios inquisitivos que afectaban la imparcialidad del juzgador contrariando del mandato constitucional del debido proceso”.

No menos relevante es el rol del Ministerio Público de la Defensa: “es posible contar con una defensa pública fortalecida, capacitada y actualizada, que facilita la función de los magistrados al constituirse en una defensa técnica adecuada, verdadero garante del imputado y contrapeso válido que equilibre la actuación de las fiscalías”.

De igual modo señalo el rol que le cabe a la Policía de Entre Ríos, que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de formación, capacitación y profesionalización más amplio, que “deberá adecuar sus funciones en cuanto auxiliares de la justicia, no sólo en cuanto a la investigación de los delitos sino también con la perspectiva última de aportar conocimientos objetivos y científicos que sean válidos y útiles para la incorporación al proceso ante autoridades judiciales. En síntesis, el nuevo sistema requiere de fuerzas de seguridad que lo hagan posible en el marco del Estado de Derecho”.

La implementación del sistema comparte con todos los estados provinciales del país los mismos retos: implica más allá de los aspectos dogmáticos, doctrinarios y normativos, la toma de cuantiosas decisiones en materia de política institucional, “desde la capacitación a operadores jurídicos, a funcionarios, a abogados postulantes, modificación a planes y programas de estudio, selección de los funcionarios que operarán el nuevo sistema, modificación del marco jurídico, modernización, intervención y construcción de infraestructura edilicia adecuada al nuevo sistema, dotación de puestos de trabajo y equipamiento informático y operativo, difusión y socialización del nuevo sistema, son solo algunos de los temas más importantes de los que debimos ocuparnos”.

La Dra. Pañeda particularizo en uno de los aspectos que ocupó la atención en el proceso de cambio del sistema: “¿Cómo generar en la sociedad y en los operadores jurídicos locales una transición armónica de un sistema a otro, cuando las diferencias entre ambos son tan marcadas y se verifica un apego marcado a las reglas del sistema imperante?”.

Es así que “encontrar la respuesta a este interrogante, fue el eje fundamental del plan de implementación por etapas que se definió en primer término a nivel normativo, pero que tuvo su necesario correlato en planificaciones diversas en distintos aspectos que estuvieron involucrados: la asignación de roles a los operadores del nuevo sistema; la provisión de recursos materiales; la planificación y adecuación de la estructura edilicia, la dotación de herramientas tecnológicas (TICs) en particular de equipamiento informático, que importó una verdadera reconversión del existente en esta Jurisdicción, todo ello a partir de las partidas presupuestarias oportunamente previstas, las que debemos reconocer que fueron oportunamente aprobadas y asignadas por los poderes políticos -evidenciando un interés común, compromiso y responsabilidad en la implementación que tiene a su cargo el Poder Judicial- pero cuyo flujo de recursos por razones financieras no siempre se conformó a las necesidades del cronograma”.

Destacó y agradeció la invalorable tarea desarrollada por la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal; conformada por los miembros de la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ; Dra. Claudia M. Mizawak, Presidenta de la Sala; y los Sres. Vocales Dres. Carlos A. Chiara Díaz y Daniel Omar Carubia; por el Procurador General del Poder Judicial de la Provincia Dr. Jorge Amílcar Luciano García; y por el Defensor General del Poder Judicial de la Provincia Dr. Maximiliano Francisco Benítez; que ha trabajado intensivamente en la planificación y selección y propuesta al Tribunal de los magistrados, funcionarios y empleados que llevarán adelante este proceso.

La Dra. Pañeda agradeció asimismo a todos los que de una u otra manera hacen posible la transformación que se opera con el nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Entre Ríos: “es de destacar la inestimable actuación del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial "Dr. Juan B. Alberdi" del Superior Tribunal de Justicia, que asumió esta ardua tarea capacitadora con la coordinación del Dr. Rubén Chaia, entonces Secretario de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal”.

Seguidamente se desarrolló el Acto de Juramento y puesta en posesión del cargo de los Magistrados y Funcionarios designados con motivo de la implementación de la III Etapa de la puesta en marcha del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos en dicha Jurisdicción.

La nómina de los nuevos Magistrados y Funcionarios es la siguiente:

Dr. José A. Calleja, Juez de Garantías y Transición.

Dr. Eduardo H. Guaita, Fiscal Nº 1.

Dr. Gamal Taleb, Fiscal Nº 2.

Dr. Marcelo Balbi, Defensor de Pobres y Menores Penal.

Gacetilla Informativa Nº 23/13 – 30 de abril de 2013.

 

Acto de Jura en Victoria.  Honorable Concejo Deliberante. Martes 30 de abril de 2013.

Acto de Jura en Victoria. La Dra. Leonor Pañeda al momento de dirigirse a los presentes.

Parte del público asistente al Acto de Juramento en Victoria.