Info Procuración General
Declaración
de la
Asociación
Argentina de
Profesores de Derecho Penal
Profesores de Derecho Penal
acerca
de la Reforma al Código Penal
La Procuración
General del Poder Judicial de Entre Ríos considera necesario dar difusión a la
Declaración de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal ante la
presentación del Anteproyecto de Reformas al Código Penal, como un valioso
aporte a que la discusión del mismo discurra por canales de seriedad, propios
de los principios de "Racionalidad" y "Razonabilidad" -en
palabras de Rawls-, que definen al debate republicano.
Declaración
de la
Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal
acerca
de la Reforma al Código Penal
Por decreto del PEN 678/12
se creó una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización e Integración del Código Penal de la Nación”. Esa Comisión,
presidida por el Dr. Zaffaroni e integrada por los Dres. Arslanián,
Barbagelata, Gil Lavedra y Pinedo -lo que implicó representación de todo el
arco de partidos con representación parlamentaria nacional-, en cumplimiento de
su cometido ha presentado a su mandatario un “Anteproyecto” a comienzos de
febrero pasado. Sobre esa base, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
se concretaría el proyecto que se remitiría para su discusión al Congreso de la
Nación.
Sin embargo, antes de que
esto se produzca y se brinde un texto definitivo abierto a la pública
discusión, se ha generado una gran polémica acerca del anteproyecto bajo una
serie de afirmaciones simplistas que, cual eslóganes publicitarios, con
sintética redacción pronostican desastres en materia de seguridad si nos
atreviéramos a darle tratamiento parlamentario.
Así, se augura una masiva
liberación de homicidas, violadores y otros perpetradores de crímenes violentos
por aplicación de la garantía constitucional de la ley penal más benigna. Con
base de cálculo desconocida, se afirma que pueden ser 4000, 5000 y hasta se ha
aventurado que se beneficiaría a un tercio de la población carcelaria nacional
(unos 20000 presos sobre un total de 60000), que se iría a sus casas para desde
allí seguir asolando al resto de la población. Lejos de toda hipotética
predicción, lo que sí hoy sabemos con base estadística cierta es que el 70 % de
esos presos lo son SIN CONDENA. Es decir que tenemos 42.000 personas en prisión
preventiva y sólo hay 18.000 con condena firme. Más grave, luego del juicio,
muchísimos de esos 42.000 no serán condenados sino declarados inocentes (estado
que supuestamente nunca habrían perdido hasta que se destruyera después y no
antes de su juzgamiento).
Esta Asociación, desde su
mismo acto fundacional e invariablemente ha venido sosteniendo la NECESIDAD
imperiosa de afrontar una reforma integral, unificación y actualización de la
legislación penal. El actual Código, nacido en 1921, ha sido objeto de cerca de
1000 reformas, parches y enmiendas que lo han deformado totalmente. Lo
complementan 337 leyes, decretos-leyes y decretos diversos con disposiciones de
carácter penal, lo que da por resultado una legislación fragmentada, carente de
todo sistema, plena de desproporciones e inasible hasta para el especialista
más dedicado.
El “Anteproyecto”, en la
versión presentada al PEN, es un documento de 584 páginas, fruto de dos años de
trabajo e interconsulta que se nutrió de 463 sugerencias de instituciones
públicas y privadas, académicas y no gubernamentales vinculadas a la cuestión
penal. Un documento que tiene una exposición de motivos de 248 páginas donde se
explica artículo por artículo por qué se proyectó cada norma en la forma en que
se lo hizo. Un centenar más se dedican a explicar las disidencias de los
miembros Barbagelata y Pinedo. Ninguna de estas razones forma parte de lo que
se está ventilando en los medios de comunicación. Se mencionan escalas penales
que se bajan pero no que son mayoritarias las que se suben, que se adopta el
principio elemental de que las penas están para cumplirse (se elimina la
condena de ejecución condicional), que se suplen las penas menores privativas
de libertad por un armonizado sistema de alternativas, que se regula con
exhaustividad las pautas individualizadoras de las sanciones o que se
incorporan alrededor de cincuenta (50) nuevos delitos tales como el de
genocidio, el homicidio piadoso, el aborto culposo, las lesiones al feto, el
robo de identidad (spoofing), la pornografía infantil agravada, la cesación de
pagos fraudulenta, el cohecho financiero activo, la organización o
financiamiento internacional del tráfico de estupefacientes o el agravante de
cohecho activo en delito electoral, por dar sólo algunos ejemplos.
No menos trascendente, se
introduce un sistema general de penas para las personas jurídicas o, adecuando
lo que ya es realidad en casi todas las provincias, se modifica el régimen de
acciones penales introduciendo criterios de oportunidad reglados.
Es imprescindible se tome
conciencia por todos los actores sociales, singularmente, los del sector
político, de la necesidad de discutir un nuevo código porque el que tenemos ya
no es tal. Además, que esa discusión de la que debiera surgir un producto
depurado por el intercambio de ideas y razones (nunca de agravios), no tiene su
sede natural en las redes sociales sumando “me gusta” o “no me gusta” sin mayor
conocimiento sobre aquello que se prefiere o no, sino en el Congreso de la
Nación. Naturalmente, un Código Penal nos compromete a todos los ciudadanos y,
a partir de la difusión pública del texto del proyecto que aún no está
finalizado, habrá canales naturales para recoger impresiones, aportes,
críticas, etcétera, que sumarán para que nuestros representantes, finalmente,
nos den un renovado código de convivencia dotado de aquello que la sociedad de
comienzos del siglo XXI nos reclama. Necesitamos un verdadero Código, uno del
que pueda predicarse su armonía, sistematicidad, coherencia interna y
proporcionalidad, uno que solucione viejas discusiones jurisprudenciales y
doctrinales, uno actualizado técnicamente y que recoja las tipicidades que las
nuevas modalidades delictivas imponen.
El anteproyecto debe
servirnos de base para concretar una discusión seria, profunda, meditada,
técnica, que nos brinde la herramienta que otorgue seguridad jurídica en la
rama penal.
Marcelo
Alfredo Riquert
Presidente
Secretario
